La empresa privada ha puesto el grito en el cielo por el intento del gobierno de subir los impuestos a los grandes capitales, un gravamen a la propiedad y una reforma al impuesto sobre la renta. En el Diario de Hoy del día jueves 10 de febrero, pág. 3 en la nota titulada"Los empresarios aportan más" la ANEP a travéz de su gerente técnico Waldo Jiménez trata de hacerle creer a la población que son los grandes empresarios los que contribuyen con el 90% de la recolección fiscal, algo que es totalmente falso.
Durante los 20 años de gobierno del Partido ARENA se aplicó un programa económico llamado de “Ajuste Estructural” con tres componentes:
1. Privatización de actividades públicas: banca, exportaciones de café y algodón, ingenios azucareros, empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, telefonía y fondos de pensiones, entre otras.
2. Liberalización de la economía. Las principales medidas fueron la liberalización de los precios de 230 productos de la canasta básica, de los insumos, de la tasa de interés bancaria, del tipo de cambio y del comercio importador (reducción de los aranceles). La dolarización, las facilidades a la inversión extranjera y los TLC completaron este componente de apertura de mercado.
3. Reforma tributaria regresiva, o sea, a favor de los sectores de mayores ingresos: eliminación de los impuestos a las exportaciones de café, camarón y azúcar (1992), a las donaciones y sucesiones (1993) y al patrimonio (1994), reducción del impuesto sobre la renta de las grandes empresas (de 35%[1] a 25%)[2] y sobre la transferencia de propiedades, reducción de aranceles (desde 1989 hasta hoy) y eliminación de impuestos municipales, IVA, renta y aranceles a las inversiones en turismo de más de 50,000 dólares (2005). Para que el Estado compensara una parte de los ingresos que dejaba de percibir por los impuestos suprimidos o recortados, el gobierno de Cristiani introdujo el IVA con 10% (en sustitución del timbre), la gestión de Calderón Sol lo elevó a 13% y la de Francisco Flores se lo colocó a las verduras, las frutas, los granos básicos, la leche y las medicinas. También se crearon algunos impuestos selectivos, como el de la gasolina, para financiar el FOVIAL; el de bebidas alcohólicas, tabaco y armas, para financiar el FOSALUD, entre otros.
El Programa de Ajuste redujo el peso del Estado en la economía, al quitarle empresas y fuentes de ingresos y al dejarlo sin política cambiaria y monetaria. Si bien el gobierno aumentó ligeramente su carga tributaria, de 10% a 13%, la misma se sustenta en impuestos indirectos que paga la población consumidora y en la renta salarial. A su vez, el Ajuste fortaleció a los grandes empresarios nativos y extranjeros, quienes se apropiaron de empresas públicas, pagan menos impuestos, fijan precios a su antojo y traen del exterior productos con bajos o nulos aranceles.
La cúpula empresarial, que aumentó sus capitales a través de la reforma tributaria y de la entrada de dólares por concepto de remesas, inversión extranjera y préstamos, trasladó parte de sus inversiones de la agroexportación al comercio, las finanzas, la industria maquiladora, la construcción y los servicios en general. Pero donde más invirtió fue en el comercio importador, a tal punto que hoy el valor de los bienes importados supera toda la producción agropecuaria e industrial juntas.[3]
En 20 años se consolidó un modelo económico de servicios empresariales y comerciales, enfocado hacia una economía de consumo, sobre todo de importación, que sustituyó el modelo productor agroexportador cafetalero y algodonero afectado durante los años la guerra.
Por otra parte, la forma de recaudación de ingresos por parte del gobierno es muy inequitativa, pues de todos sus ingresos corrientes, que son casi el 90% del total, los impuestos indirectos y otros impuestos que paga la población representan el 62%, mientras que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) solo aporta el 38%. Pero, además, el 20% de la renta es sobre los salarios y el 18% sobre la ganancia empresarial. De modo que los empresarios, que captan la mayor parte del ingreso nacional, solo contribuyen con el 18% de los ingresos públicos.[4]
Lo anterior significa que el sistema tributario del país es inequitativo y regresivo, pues los ingresos tributarios descansan en los impuestos indirectos y en la renta salarial, es decir, en la población consumidora (sin discriminar los niveles de ingresos de las personas) y en los salarios, que en El Salvador son muy bajos. Las ganancias y la propiedad de la población de más recursos le aportan poco al fisco e incluso le aportan menos que antes de las reformas hechas por los gobiernos del partido ARENA. Un estudio financiado por el BID lo reconoce. Leamos: “El sistema de tributación indirecta en El Salvador (exceptuando la gasolina) es enteramente regresivo, como en general ocurre en el mundo en desarrollo (…) a medida que el nivel de ingreso familiar se eleva, la carga tributaria diferencial va disminuyendo, es decir, el porcentaje de su ingreso que las familias destinan al pago de impuestos decrece a medida que aumenta el ingreso familiar”.[5]
En otras palabras, a mayor ingreso menos impuestos y a menor ingreso más impuestos.
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[1] Trigueros Argüello, Álvaro. “Respondiendo a los desafíos fiscales en El Salvador”. Año 2007
[2] Decreto Legislativo No. 134, de fecha 18 de diciembre de 1991, publicado en el Diario Oficial No. 242, Tomo No. 313, del 21 del mismo mes y año
[3] Banco Central de Reserva (BCR): “Revista Trimestral enero marzo de 2010”
[4] Ministerio de Hacienda. Presupuesto del año 2010
[5] Acevedo, Carlos y Gonzáles Orellana, Mauricio. “El Salvador: Diagnóstico del Sistema Tributario y Recomendaciones de Política para Aumentar la Recaudación”. Diciembre de 2003.
